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Una alianza entre Nvidia y OpenAI acelera la integración vertical de computación y capital, mientras los proveedores de datos buscan mayores retornos y el Estado consolida su papel como cliente. A la vez, una tasa de 100.000 dólares al H‑1B amenaza a las startups y aviva el riesgo de concentración, en un entorno donde crecen el rechazo a la atención automatizada y las dudas sobre la autoridad de los modelos para arbitrar la verdad. La exigencia de transparencia y auditoría pública emerge como condición para la credibilidad del ecosistema.

La escalada de gasto y el pulso regulatorio marcan el rumbo inmediato de la inteligencia artificial, con planes de inversión de 20.000 millones y restricciones de uso que tensan la relación con el sector público. Al mismo tiempo, la admisión de sesgos generativos y los efectos en matrimonios y servicios bibliotecarios exigen métricas de veracidad, diseño responsable y alfabetización crítica.